RESULTADOS DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS DEUDORES HIPOTECARIOS

post 1 sandra ramosDespués de varios años a la aprobación del RD 6/2012 de Buenos Usos y Prácticas Bancarias y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, podemos concluir que el resultado ha sido decepcionante.

En un primer momento, la dura realidad social de las familias abandonando sus hogares originó el esfuerzo legislativo destinado a paliar los efectos de la crisis, paquete normativo que fue acogido con esperanza y alivio, parecía que la actividad ciudadana y las protestas llevadas a cabo por O.N.G como la P.A.H (Plataforma de Ayuda a los Hipotecados) o Stop Desahucios pusieron de manifiesto la necesidad de que el gobierno reaccionara a esta situación desbordante.

El hito más importante vino a mano de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil con motivo de la Sentencia C-415/11 de la Sala Primera del TSJ de Luxemburgo de 14 de marzo de 2013, que permitía alegar la existencia de cláusulas abusivas como motivo de oposición a la ejecución hipotecaria.

Sin embargo, después de casi dos años de las reformas, los deudores se siguen encontrando con la misma situación, demandas por cuantiosas cifras en base a inmuebles que no tienen ni el 30% del valor que se reclama y reticencia por parte de las entidades de crédito a cumplir con las nuevas leyes que protegen al deudor.

Los datos reflejan que a pesar de las medidas, los deudores siguen estando en clara desventaja con la entidad bancaria, que al final es quien estudiará y concederá la dación en pago o el alquiler social siempre que se den las circunstancias que así lo aconsejen en base a sus propios intereses. Esto es así, porque a pesar de los esfuerzos de algunos ayuntamientos o colegios profesionales, las peticiones de dación o reestructuración de deudas son tramitadas por cada entidad de crédito de forma distinta, sin que exista un procedimiento establecido y siempre bajo el arbitrio del banco.