NOVEDADES LEGISLATIVAS EN PROTECCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

ESPOSASLa reciente aprobación de la Ley 4/2015 de 27 de abril del Estatuto de la Víctima del Delito y la L.O 5/2015 de 27 de abril por la que se modifica la LECRIM y la LOPJ, implica una mayor protección a las víctimas en cuanto a los derechos que les asisten durante la tramitación de los procesos penales, así como la tipificación normativa de conductas delictivas que antes quedaban sin determinar.

Entre las novedades más destacadas aparece un nuevo agravante de género que se aplicará a todos los delitos en los que hubiera mediado una razón discriminatoria por motivo de condición de mujer.  La eliminación de las faltas, que ahora serán delitos leves, y con ello el requisito de la denuncia previa, que en lo respectivo a violencia de género y doméstica no será exigible para su investigación y persecución. A fin de evitar el perjuicio de las víctimas que veían afectado su patrimonio, se instaura la eliminación de las multas impuestas a los agresores, cuando entre las partes existan relaciones económicas derivadas de una relación conyugal o análoga.  También se incluye como delito, la alteración de los dispositivos telemáticos de alejamiento y medidas de protección, tan solo con la comprobación de la manipulación del mismo.

Una de las novedades que ha obtenido mayor acogida entre los profesionales de justicia es la posibilidad de que la víctima en su declaración, pueda ir acompañada de persona de confianza en la que se apoye durante el relato de los hechos, momento difícil que en muchas ocasiones hace que las víctimas se arrepientan o sientan dudas a la hora de denunciar una situación de maltrato. Pese a ello, las menores que se nieguen a presentar denuncia no podrán impedir que el procedimiento sea iniciado mediante denuncia de sus padres, quieres podrán continuar con la acusación y solicitar medidas de alejamiento aún en contra de la voluntad de la víctima.

Otro paquete de reformas se dirige a preservar los derechos de intimidad e información durante el procedimiento, entre ellas, el derecho a obtener copia traducida de la denuncia, a obtener información sobre las fases del procedimiento, a la grabación de la declaración de la víctima  a fin de evitar que la misma tenga que relatar una y otra vez los mismos hechos y permitir la reproducción de estas grabaciones en el juicio, la videoconferencia y las medidas para evitar contacto visual entre víctima y agresor, intentar un procedimiento sin dilaciones, y las cautelas en la protección a la intimidad, son también medidas tendentes a no causar la llamada victimización secundaria, esto es, el doble daño originado a la víctima durante el procedimiento penal.

Las críticas  a las reformas se centran en la escasa efectividad que tendrán las medidas sin dotación presupuestaria que las haga posible ya que la protección a la víctima requiere una participación activa de los poderes públicos, las novedades descritas son del todo lógicas,  pero no podrán llevarse a cabo si no hay medios para ello.