CUANDO LOS MENORES SON INSTRUMENTOS DE VIOLENCIA Y DOMINIO SOBRE LA MUJER

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El art. 39 de la Constitución establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección de la familia, es especial de los menores de edad, sin embargo, las recientes muertes de menores cuyas madres sufrían malos tratos, a manos de sus padres, alertan sobre la necesidad de tomar medidas que permitan evaluar el riesgo que corren los menores en estas circunstancias.

El Observatorio de la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, ha señalado que cuando se produce un caso de violencia doméstica, el derecho de los padres a ver a los menores prevalece en un 33 % de los supuestos. Por el momento son 44 menores asesinados mientras se cumplía el régimen de visitas. De ahí que la sociedad reclame nuevas medidas que protejan a los menores de agresiones y que se elimine el falso mito de que un maltratador puede llegar a ser buen padre, ya que, según denuncian los estudios, es muy común que los menores se conviertan en canales de éste tipo de violencia que va dirigida indirectamente a las mujeres.

Los asesinatos de menores en menos de dos semanas  pone de manifiesto la necesidad de una reforma, en esta dirección el gobierno ha modificado la Ley de la Infancia, que a su vez modifica la Ley Integral contra la Violencia de Género, para incluir como víctimas a los menores que conviven con una mujer que sufre malos tratos. La Ley establece el tipo de violencia, directa o indirecta que sufren estos niños, y que condiciona su bienestar y su desarrollo y les puede incluso provocar problemas de salud. Tal y como establece la Ley en su preámbulo “En el artículo 11 se introduce como principio rector de la actuación administrativa la protección de los menores contra cualquier forma de violencia, incluida la producida en su entorno familiar, de género, la trata y el tráfico de seres humanos y la mutilación genital femenina, entre otras. De acuerdo con ello, los poderes públicos desarrollarán actuaciones de sensibilización, prevención, asistencia y protección frente a cualquier forma de maltrato infantil, estableciendo los procedimientos que aseguren la coordinación entre las Administraciones Públicas competentes. En estrecha relación con lo anterior, en el artículo 12 se garantiza el apoyo necesario para que los menores bajo la patria potestad, tutela, guarda o acogimiento de una víctima de violencia de género o doméstica puedan permanecer con la misma.”

También existen iniciativas como la del PSOE, que pone sobre la mesa, la aprobación de un sistema de valoración de riesgo que permita a os jueces proteger a los hijos de maltratadas, mediante una suspensión cautelar de las visitas cuando existan indicios que señalen la existencia de riesgo, para ello, proponen un sistema de recopilación de información que será puesta en conocimiento del juzgador para facilitar la detección de estas situaciones de peligro y establezca las visitas con supervisión en los puntos de encuentro.